México busca el ejemplo de Estonia, el país que utiliza mejor la digitalización

La incorporación responsable de nuevas tecnologías genera valor para los negocios y para los usuarios. Es también una oportunidad de disminuir brechas de desigualdad y lograr mayor competitividad, con una estrategia coordinada entre actores clave.

El mundo digital trasciende el concepto de usar nuevas tecnologías; es transformar nuestros procesos (de pensar, producir y consumir) añadiendo valor, con productos o aplicaciones nuevos, conectividad, mejor experiencia al usuario, empoderamiento de los empleados, eficiencia en costos y nuevas soluciones a problemas comunes.

En Estonia, implementaron la cédula de identificación única poblacional, un documento físico y digital con un número asignado al nacer, que les permite a los estonios acceder a los servicios públicos (siendo que el 99% de ellos están digitalizados), como a los privados.

Algunos ejemplos: en el sector salud, el expediente clínico de cada ciudadano estonio, sin importar la edad, está digitalizado. En caso de una emergencia y con solo proporcionar su número de identidad o, con una vista al documento físico por parte del paramédico en caso de que el paciente esté inconsciente, el hospital que va a recibir a esta persona conoce, desde antes de su llegada, su tipo de sangre, alergias y padecimientos, lo que permite un tratamiento expedito y eficiente.

Otro ejemplo donde se combinan los servicios públicos y privados es en el sector automotriz; cada auto se registra y emplaca en línea, por lo que toda su información se puede consultar (desde incidentes de tránsito, responsabilidades de accidentes y seguros hasta los servicios de mantenimiento). Cuando se adquiere un auto usado, se pueden conocer todos los antecedentes y la transferencia de la propiedad se realiza de manera electrónica con la firma digital del vendedor. De hecho, en Estonia sólo se firma digitalmente, la cual está cifrada y tiene completa validez legal.

Esta cultura digital y sin papel, no surgió por generación espontánea. Fue producto de otra decisión de Estado: la creación de la figura del gabinete electrónico hace 20 años. Como resultado, se redujo la duración de las reuniones del gabinete estonio de 4 horas a 30 minutos en promedio. ¿Cómo? Mediante un sistema -vigente al día de hoy-, que permite a los ministros conocer y consultar todos los documentos de soporte para las decisiones de política pública -e incluso emitir su voto al respecto- antes de la reunión.

También se han convertido en una economía que prácticamente no usa dinero en efectivo, lo que se traduce en una mayor recaudación de impuestos, menor criminalidad, robos a transeúntes o casas habitación, venta de drogas y migración ilegal.

Otro ejemplo poco común de digitalización: cualquiera puede convertirse en ciudadano estonio bajo el concepto de ciudadano electrónico, que permite a los extranjeros registrarse y tener beneficios como la facultad de crear una empresa en Estonia y acceder al mercado común europeo sin importar la distancia, lo cual ha generado relevantes flujos de inversión extranjera directa.

El caso estonio es muestra de que una digitalización exitosa requiere un elemento fundamental: la confianza. Confianza en los sistemas digitales, donde la ciberseguridad debe ser pilar de la estrategia de digitalización, con operaciones y transacciones seguras y privadas para los usuarios; y confianza en un gobierno que opera con transparencia.

En resumen, la digitalización elimina barreras, tanto de distancia y tiempo, como de desigualdad social. Los beneficios de la tecnología, tangibles en la vida diaria de la población se traducen en transparencia de los tres niveles de gobierno; en mejor atención ciudadana, en un aumento en la eficiencia, ingresos y competitividad de las empresas.

El reto en México comienza por la conectividad, pues 34% la población mayor a 6 años no tiene acceso a internet (ENDUTIH, 2018). Sin embargo, es necesario ir mucho más allá, a partir de una decisión integral del gobierno con visión de largo plazo, que incluya a la sociedad, la academia y en particular la iniciativa privada, para implementar políticas públicas que promuevan la digitalización integral con seguridad y con ética, en beneficio de ciudadanos y autoridades.

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